Un total de 2001 edificios, todos ellos anteriores al año 1964, estarán sometidos a una revisión y posterior informe de evaluación en este 2018, debiendo afrontar la solución a problemas como desprendimientos, degradaciones y cambios en distintas partes de su estructura.

El Real Decreto, que fue aprobado el pasado año 2017, establece que todos los edificios de 50 años o más deberán acometer dicha revisión. Están exentos de estas evaluaciones las viviendas unifamiliares y los edificios declarados en ruina. A su vez, el informe tendrá una vigencia máxima de 10 años.

Enlace a noticia en el diario El Comercio.